Financiamiento universitario: la Justicia obliga a aplicarlo
El financiamiento universitario volvió al centro de la escena política: la Justicia federal declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendía la aplicación de la Ley 27.795 y le ordenó al Gobierno ponerla en marcha de inmediato. El fallo llegó este martes y, horas después, los rectores confirmaron que trasladaban su reunión mensual a Plaza de Mayo.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Anuló la frase que condicionaba la norma a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento, un mecanismo que calificó como «un veto no contemplado en la Constitución».
Qué cambia con el fallo sobre el financiamiento universitario
El recorrido normativo explica la pulseada. El Congreso sancionó la ley en agosto de 2025, Javier Milei la vetó, ambas cámaras rechazaron el veto con dos tercios y el Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución. Para Cormick, tras esa insistencia legislativa «no existe otro camino para el presidente que la promulgación irrestricta de la ley».
Los números están en el corazón de la disputa. La UBA denunció una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. El Estado, en cambio, sostiene que aplicar la norma costaría más de un billón de pesos —más del 90% de los créditos disponibles—, mientras la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el gasto 2025 en apenas 0,23% del PBI.
Desde Casa Rosada anticiparon que apelarán ante la Cámara «en las próximas horas». Este miércoles, los rectores sesionan frente a la Casa de Gobierno para exigir el cumplimiento. ¿Terminará esta pulseada por el financiamiento universitario en la Corte Suprema?
Fuentes: Infobae, Infobae, El Destape.