Ley de mano dura: penas más duras para motochorros
La ley de mano dura vuelve al centro de la escena: el Gobierno pule un paquete penal para agravar las condenas y evalúa apurar su envío al Congreso para instalar el discurso de seguridad como eje de la campaña. El texto lo prepara el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques y ya pasó por la oficina de Karina Milei, con autoridad política para definir el momento del envío.
Qué cambia la ley de mano dura
Entre los puntos concretos, el uso de un vehículo para facilitar un robo pasa a ser agravante y eleva la pena hasta 15 años: es el apartado pensado para los «motochorros». También se endurecen los castigos por robos cometidos en momentos de vulnerabilidad de la víctima —al entrar o salir de su casa o de un banco, es decir entraderas y salideras—, con un rango que va de 5 a 15 años. El proyecto suma además figuras contra los «trapitos», modifica la legítima defensa y sanciona penalmente a los extranjeros que ingresen de manera ilegal al país. Según iProfesional, la reforma incorpora nueve delitos nuevos.
La estrategia oficial busca conectar con la bronca social por la inseguridad. No es la reforma integral del Código Penal —que Mahiques ubicó para «el año que viene» o incluso 2028 en un eventual segundo mandato—, sino un paquete más acotado y de impacto rápido de cara a las urnas.
El interrogante es político y legislativo a la vez: sin mayoría propia, el oficialismo deberá negociar con aliados y gobernadores para convertirlo en ley. ¿Debería endurecerse el Código Penal como propone el Gobierno?